El tema de la subcontratación resurgió en la Cámara de Diputados, se propone garantizar la seguridad social de los trabajadores, invalidar los contratos que incumplan la ley y multar a las empresas defraudadoras. Establece tres condiciones mínimas para que esta forma de empleo sea considerada legal:
1) Limitada.- Que no abarque la totalidad de las actividades que desarrolla el contratante.
2) Justificada.- Que la empresa requiera ese servicio por su carácter específico, eventual o especializado y por ello pide el trabajo de personas externas.
3) Registrada.- Que las empresas de tercerización estén inscritas en un nuevo registro federal.
Además, ampliar la definición legal de outsourcing. El régimen de subcontratación laboral quedará establecido, en primer lugar, por un contrato por escrito. La tercerización será cuando "un patrón, denominado contratista", acuerde que una o varias personas ejecuten para él obras, servicios o cualquier otro "trabajo lícito con subordinación directa". O bien, que el vínculo sea mediante una persona física o moral, "denominada contratante". Sea cual sea la vía, los trabajadores y las trabajadoras deben recibir al menos un salario mínimo profesional, seguridad social y prestaciones.
La propuesta incluye la creación de un grupo interinstitucional de subcontratación laboral. Algunas de sus funciones serían:
- Establecer los requisitos para poder subcontratar.
- Inspeccionar cada tres meses, o de manera extraordinaria, que las empresas otorguen seguridad social y cumplan las obligaciones fiscales.
- Implementar políticas públicas para prevenir la simulación, evasión y elusión de obligaciones.
- Intercambiar información con el registro nacional de empresas de tercerización. Este grupo estaría conformado por la Secretaría del Trabajo, el IMSS, el INFONAVIT y el SAT. (ECONOMISTA)
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